La posesión del presidente Abelardo De la Espriella el pasado 7 de agosto marca el inicio de un nuevo ciclo de gobierno que recibe, en materia de salud, un sistema profundamente tensionado en sus dimensiones financiera, asistencial y judicial. Como advirtió un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud, el cierre de 2025 dejó rezagos sin corregir en la financiación del sistema, cuyos efectos se han traducido en mayores barreras de acceso y en presión creciente sobre EPS e IPS. Este artículo ofrece un análisis jurídico de los principales retos que enfrentará la nueva administración —y, con ella, el ejercicio de la abogacía en el sector salud— a partir de la evidencia más reciente disponible sobre el estado del sistema.
Las cifras conocidas en el primer semestre de 2026 describen un panorama de deterioro sostenido. De acuerdo con el boletín de Así Vamos en Salud, las EPS reportaron cuentas por pagar por 41,5 billones de pesos, de los cuales 38,4 billones correspondían a obligaciones con más de sesenta días de antigüedad, es decir, el 92,6 % de la cartera en mora. El deterioro es aún más severo en las entidades bajo medidas especiales: las EPS intervenidas concentran una cartera de 27,3 billones de pesos, con una morosidad del 97,6 %, y atienden a cerca de 23,1 millones de afiliados, casi la mitad del sistema. El mismo informe documenta que el patrimonio agregado de las EPS no intervenidas pasó de ser positivo en 2022 a registrar un déficit de 5,33 billones de pesos en el primer trimestre de 2026, lo que indica que la fragilidad financiera ya no es un fenómeno circunscrito a las entidades intervenidas.
A escala territorial, el impacto se aprecia con particular claridad en Bogotá: la Secretaría Distrital de Salud reportó que la deuda de las EPS —especialmente las intervenidas— con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud alcanzó 417.189 millones de pesos a abril de 2026, un incremento del 142 % frente a 2023, lo que motivó una quinta solicitud de intervención a la Superintendencia Nacional de Salud. Desde la perspectiva del gremio hospitalario, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ha advertido que la eventual liquidación de EPS intervenidas —cuya deuda con hospitales asciende a 25,7 billones de pesos— podría trasladar el riesgo de insolvencia a la propia red prestadora, recordando que históricamente solo se recupera entre el 10 % y el 15 % de la cartera en procesos de liquidación.
Este panorama tiene consecuencias jurídicas directas: define el terreno sobre el cual operarán los procesos de vigilancia especial, las eventuales liquidaciones, los mecanismos de giro directo administrados por la ADRES y, en última instancia, la exigibilidad de las obligaciones de pago frente a IPS y proveedores.
Uno de los indicadores más elocuentes de la crisis es el comportamiento de la acción de tutela en salud. Según cifras de la Defensoría del Pueblo presentadas en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, en 2025 se radicaron 312.567 tutelas por derecho a la salud, la cifra más alta registrada en la historia del mecanismo, con un incremento del 17,9 % frente a las 265.173 presentadas en 2024. Estas acciones representan ya el 34 % del total de tutelas del país, consolidando a la salud como el derecho con mayor judicialización.
La propia Corte Suprema de Justicia ha señalado que los despachos judiciales remiten en promedio 5.422 expedientes diarios a la Corte Constitucional, y que la tutela no puede volver a operar como la regla general de acceso a servicios que deberían garantizarse por la vía administrativa ordinaria. A esta tendencia se suma un dato relevante para la práctica litigiosa: conforme a un informe del Consejo Superior de la Judicatura, la salud es el derecho con mayor número de incumplimientos de fallos de tutela, lo que explica el peso creciente de los incidentes de desacato como herramienta de exigibilidad efectiva y como frente de trabajo especializado para las firmas de derecho médico.
Para la Defensoría del Pueblo, el crecimiento sostenido de la tutela no refleja una coyuntura aislada, sino un patrón asociado a problemas de financiamiento, gestión, acceso y desigualdad territorial, lo que reafirma la necesidad de mecanismos administrativos de reclamación más robustos que reduzcan la dependencia del aparato judicial.
El Congreso saliente radicó, en sus últimos días, un proyecto de reforma a la salud de 90 artículos, impulsado por el entonces ministro Guillermo Jaramillo, tras el hundimiento de iniciativas previas en la Comisión Séptima del Senado. Esa propuesta se orientaba hacia una transformación estructural del modelo de aseguramiento, con la reducción del papel de las EPS como intermediarias financieras como objetivo central.
El gobierno entrante ha planteado una aproximación distinta. Según explicó el equipo de empalme liderado por el doctor Iván Sánchez, la administración De la Espriella anunció un plan de choque de hasta 10 billones de pesos para los primeros 90 días de gobierno, distribuidos así: 4 billones para nóminas atrasadas y deudas críticas con hospitales y clínicas; 3 billones para el suministro de medicamentos represados; 2 billones para el rezago de pacientes con enfermedades catastróficas y crónicas; y 1 billón para fortalecer entidades como el Invima. Según lo indicado por el equipo de gobierno, los desembolsos estarán sujetos a mecanismos de auditoría y no dependerán de criterios políticos.
En su Plan de Gobierno, la nueva administración plantea una reforma de ajuste y control —no de sustitución del modelo vigente— centrada en recuperar el flujo financiero, vigilar la ejecución de la Unidad de Pago por Capitación mediante auditorías trimestrales, mejorar el acceso a medicamentos y fortalecer la atención primaria, sin eliminar la figura de las EPS. Este giro metodológico frente al enfoque del gobierno saliente tiene consecuencias prácticas relevantes: implica un endurecimiento previsible de los esquemas de auditoría y habilitación de EPS, con mayor exigencia para aquellas con indicadores de riesgo elevado o procesos de intervención activos.
A este debate se suma la hoja de ruta entregada por la Academia Nacional de Medicina al gobierno entrante, que propone un plan de choque financiero, la creación de un fondo único estatal y la conversión de las EPS en gestoras de riesgo, como vía para evitar el colapso de la red hospitalaria.
Más allá del debate legislativo de fondo, el sector opera bajo un entramado regulatorio en constante movimiento que exige monitoreo jurídico permanente. La Circular Externa 003 de 2026 del Ministerio de Salud, expedida tras una advertencia fiscal de la Contraloría General de la República, buscó reorientar el giro directo de la ADRES hacia la red pública hospitalaria, luego de constatarse que dicho mecanismo se había concentrado desproporcionadamente en prestadores privados. Adicionalmente, el sector enfrenta la incertidumbre derivada de la suspensión, por parte del Consejo de Estado, del Decreto 182 de 2026 sobre control de precios por Denominación Común Internacional, lo que ilustra la fragilidad jurídica de algunas medidas de intervención y la relevancia del contencioso administrativo como frente activo para las firmas del sector.
Esta combinación de actos administrativos, circulares, medidas de vigilancia especial y decisiones judiciales configura un escenario de alta complejidad normativa, en el que la seguridad jurídica de EPS, IPS, entidades territoriales y pacientes depende, en buena medida, de la capacidad de las firmas especializadas para anticipar y responder a cambios regulatorios frecuentes.
El diagnóstico anterior permite identificar al menos cuatro frentes de trabajo prioritarios para la abogacía especializada en el sector:
1. Litigio constitucional y desacato.
El volumen histórico de tutelas y la alta tasa de incumplimiento de fallos consolidan la necesidad de asesoría técnica tanto para pacientes que buscan la garantía efectiva de sus derechos como para entidades que deben responder a incidentes de desacato dentro de un marco de legalidad y debida diligencia probatoria.
2. Derecho administrativo y regulatorio.
La proliferación de circulares, decretos y medidas de intervención —varias de ellas judicializadas ante el Consejo de Estado— exige acompañamiento permanente a IPS y EPS en el cumplimiento normativo y en la defensa de sus actuaciones frente a la Superintendencia Nacional de Salud.
3. Cartera, cobro e insolvencia.
El escenario de mora generalizada y las eventuales liquidaciones de EPS intervenidas plantean un campo creciente de asesoría en cobro de cartera hospitalaria, procesos concursales y protección de acreencias de prestadores.
4. Responsabilidad médica.
La presión asistencial sobre una red hospitalaria financieramente debilitada incrementa el riesgo de eventos adversos y, con ello, la probabilidad de procesos de responsabilidad civil y disciplinaria, lo que exige una defensa técnica robusta tanto para profesionales de la salud como para instituciones prestadoras.
El sistema de salud colombiano llega a este nuevo gobierno con indicadores financieros y de judicialización sin precedentes, en un contexto donde coexisten un proyecto de reforma estructural archivado, un plan de choque financiero de corto plazo y múltiples frentes regulatorios abiertos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Para las firmas especializadas en derecho médico, este escenario no representa únicamente un riesgo, sino también una responsabilidad: la de acompañar con rigor técnico la transición hacia un sistema que logre equilibrar la sostenibilidad financiera, la seguridad jurídica de los actores del sector y, sobre todo, la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.
Bibliografía
- Occidente.co, Crisis del sistema de salud en Colombia: retos del nuevo gobierno (agosto 2026)
- El País (Cali), La multimillonaria cifra que deben las EPS a clínicas y hospitales (julio 2026)
- LaFM, EPS intervenidas adeudan más de $417.000 millones a hospitales públicos de Bogotá (junio 2026)
- Infobae Colombia, Ante creciente deuda de las EPS, la Secretaría de Salud de Bogotá pidió nuevamente intervención del Gobierno (junio 2026)
- Cambio Colombia, ACHC advierte los riesgos de liquidar EPS intervenidas (julio 2026) – LaFM, Colombia rompe récord de tutelas en salud (julio 2026)
- Defensoría del Pueblo / Semana / Infobae / El Colombiano, cobertura del informe de tutelas en salud presentado en FILBo 2026 (abril 2026)
- El Colombiano, “No podemos volver a depender de tutelas”: presidente de la Corte le reclamó al Gobierno (mayo 2026)
- Infobae Colombia, Cuando enfermarse lo obliga a demandar (2025)
- Semana, Atípico paquete de reformas que el Gobierno saliente llevó al Congreso (julio 2026)
- Cambio Colombia / Pulzo, Gobierno de Abelardo de la Espriella anuncia plan de rescate de hasta 10 billones para el sistema de salud (julio-agosto 2026) – Consultorsalud, Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia: el giro en el modelo de salud (junio 2026)
- Consultorsalud, Rescate financiero, control a EPS y recuperación del acceso: propuestas de salud de Abelardo de la Espriella (mayo 2026)
- Infobae Colombia, Academia Nacional de Medicina entregó al gobierno entrante una hoja de ruta para reformar el sistema de salud (julio 2026)
- Consultorsalud, EPS intervenidas tendrán que priorizar pagos a hospitales públicos en el giro directo — Circular 003 de 2026 (febrero 2026)
- Consultorsalud, Balance Sistema de Salud 2026: Riesgos y Oportunidades Financieras (julio 2026), sobre la suspensión del Decreto 182 de 2026 por el Consejo de Estado
Escrito por:
Luisa Guarin
Consultora
