La Resolución 1732 del 5 de agosto de 2026, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, merece ser leída con lentes financieros y no solo técnicos. La norma establece el procedimiento de inscripción de prestadores y las condiciones de habilitación de los servicios de salud, adopta un nuevo Manual en dos tomos[1] y sustituye a la Resolución 3100 de 2019 junto con sus múltiples modificaciones y la Resolución 77 de 2007[2]. Los prestadores cuentan con un periodo de transición de doce meses para adaptarse, con la posibilidad de acogerse anticipadamente al nuevo marco si así lo informan a la secretaría de salud correspondiente[3].
Conviene precisar desde el inicio a quiénes obliga. La resolución no se dirige únicamente a las IPS: su ámbito de aplicación comprende también a los profesionales independientes de salud, el transporte especial de pacientes, las entidades con objeto social diferente, las secretarías de salud, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) y la Superintendencia Nacional de Salud[4]. Que las entidades responsables de pago estén expresamente incluidas en el campo de aplicación no es un detalle formal: significa que el nuevo marco de habilitación es también, para ellas, un marco de referencia en la contratación y en la auditoría.
De un rompecabezas a un solo manual
El primer cambio es de orden, y no es menor. Desde 2019, las reglas de habilitación se fueron modificando a través de una sucesión de resoluciones que se superpusieron unas sobre otras. El resultado fue una dispersión normativa que obligaba a cualquier prestador a reconstruir el estándar aplicable a punta de comparación entre normas.
La Resolución 1732 consolida todo en un Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, dividido en dos tomos: el Tomo I concentra el procedimiento (inscripción, autoevaluación, novedades, cierres, reactivaciones y visitas) y el Tomo II reúne los estándares y criterios técnicos por grupos de servicios.
De ahí se desprende el segundo cambio, que en mi criterio es el más relevante para el ejercicio profesional, el Manual se convierte en la fuente única de verificación. Las secretarías de salud departamentales y distritales solo pueden exigir las condiciones, estándares y criterios contenidos en los tomos, sin trasladar al trámite de habilitación requisitos cuya vigilancia corresponde a otras autoridades. Esto acota un problema real y cotidiano, la visita que se convierte en una revisión de todo lo revisable, con exigencias de origen incierto que después terminan documentadas en un acta y usadas en contra del prestador.
Otros ajustes estructurales que conviene tener presentes:
- Vigencia de la inscripción de cuatro años, con renovaciones anuales posteriores, previa autoevaluación declarada en el REPS.
- Autoevaluación obligatoria en momentos determinados (antes de inscribirse y habilitar, durante el cuarto año, antes de cada renovación anual y antes de reportar ciertas novedades), con una consecuencia expresa si no se realiza: la inactivación de la inscripción o de los servicios.
- Un solo prestador responsable por servicio. La responsabilidad se mantiene en cabeza de quien habilitó el servicio aunque intervengan contratistas, proveedores o profesionales externos.
- Reglas claras de cierre temporal: máximo seis meses, con reactivación oportuna, y aviso anticipado cuando se afectan servicios sensibles como urgencias, atención del parto, hospitalización pediátrica o cuidados intensivos.
- Gratuidad expresa de los trámites de inscripción, habilitación, visitas y registro de novedades.
- Criterios diferenciales para municipios con condiciones especiales, zonas rurales dispersas y territorios con comunidades étnicas, a través de planes de adecuación progresiva con diagnóstico de brechas, metas y cronograma.
- Integración formal de la telemedicina como modalidad de atención, en línea con la regulación reciente sobre telesalud.
- Un mecanismo de solución de diferencias interpretativas, que permite pedir revisión a la secretaría y, de persistir el desacuerdo, obtener un concepto del Ministerio.
¿Qué busca la norma?
El Ministerio persigue tres cosas. Primero, unificar. Que exista un único documento donde tanto el prestador como el verificador lean lo mismo. La previsibilidad regulatoria es, en sí misma, una forma de reducir litigios.
Segundo, verificar mejor y no simplemente verificar más. El nuevo esquema apuesta por la autoevaluación permanente del prestador y por visitas planificadas y tipificadas, en lugar del control episódico. La habilitación deja de ser un trámite que se aprueba una vez y pasa a comportarse como un estado que se mantiene.
Tercero, reconocer que Colombia no es homogénea. Que una IPS de primer nivel en zona rural de Sucre no puede cumplir los mismos estándares, en los mismos plazos, que una clínica de alta complejidad en una capital, no es una concesión: es realismo regulatorio. Los planes de adecuación progresiva formalizan una gradualidad que antes se resolvía, en el mejor de los casos, con tolerancia informal del verificador.
El impacto práctico: lo que le cuesta a una IPS
Conviene ser francos, cumplir cuesta, y el costo no se distribuye de manera pareja. Hay un primer bloque de gasto que es documental. Mantener el registro de talento humano conciliado con el RETHUS, construir el plan institucional de formación continua y correr las autoevaluaciones en los momentos que exige la norma no requiere obra civil, pero sí requiere dedicación permanente de alguien dentro de la institución. Donde existe un área de calidad consolidada, el cambio se absorbe reasignando funciones. Donde esa área es mínima o compartida con otras responsabilidades, la decisión real es destinar más personal o postergar el cumplimiento, y postergar aquí tiene un nombre concreto: riesgo de inactivación del servicio en el REPS.
El segundo bloque golpea directamente el estado de resultados, porque hay estándares de talento humano con costo verificable en servicios específicos. Para una IPS quirúrgica mediana, exigencias reforzadas en materia de anestesiología o de dedicación del personal a un solo procedimiento no son un ajuste de papel, son plazas adicionales en especialidades escasas, que deben financiarse con las mismas tarifas ya contratadas.
El tercero es tecnológico. La autoevaluación, el reporte de novedades y la trazabilidad documental son difíciles de sostener con archivo físico y hojas de cálculo sueltas. Un sistema que permita extraer soportes en tiempo real dejó de ser una comodidad y pasó a ser infraestructura de cumplimiento y, de paso, la mejor defensa frente a una glosa.
La brecha que más nos preocupa, entonces, no es de voluntad sino de escala, los tres bloques pesan proporcionalmente más sobre el prestador pequeño, que además suele tener la cartera más envejecida. Para él, los criterios diferenciales y el plan de adecuación progresiva pueden ser la diferencia entre ajustarse por etapas o cerrar un servicio.
El flujo de recursos
La habilitación es la puerta de entrada al reconocimiento y pago de los servicios. Una EAPB no puede contratar válidamente servicios no habilitados, y en la práctica de auditoría el estado del prestador en el REPS es una de las primeras verificaciones que se hacen sobre una factura. De ahí que un problema de habilitación no se manifieste como una sanción administrativa, sino como una devolución de factura, una glosa sostenida en la conciliación o una objeción que aparece dos años después, cuando la cartera ya está provisionada[5].
Con el nuevo esquema, se identifican tres frentes de riesgo concretos:
- La inactivación silenciosa. Si un prestador omite la autoevaluación en el momento debido, el servicio puede quedar inactivo en el REPS mientras la operación asistencial continúa con normalidad. El paciente se atiende, la factura se radica y el problema aparece en auditoría: servicio prestado bajo un registro inactivo[6].
- La cadena de subcontratación. La regla de un único prestador responsable por servicio tiene una lectura financiera directa. Cuando una IPS opera un servicio con talento humano externo, equipos en comodato o un tercero que aporta la capacidad instalada, la habilitación debe reflejar con precisión quién responde y en qué sede. Los desajustes entre lo contratado, lo habilitado y lo facturado son, hoy por hoy, una fuente clásica de glosas por “servicio no habilitado en la sede” o “prestador no autorizado”.
- El periodo de transición. Durante doce meses coexisten dos marcos aplicables, y cada prestador queda en uno de ellos según la opción que haya tomado. El problema no es interpretativo sino de prueba: cuando llega la objeción, hay que demostrar cuál era el estándar aplicable en la fecha de la atención[7]. Quien haya optado por acogerse anticipadamente y lo haya comunicado a la secretaría tiene ese soporte a mano; quien no documentó su decisión discute sin respaldo. La recomendación es sencilla: conservar la constancia de la opción elegida junto con el expediente de facturación, no en el archivo de calidad.
A esos tres frentes conviene añadir uno que no depende de la diligencia del prestador. La resolución faculta al Ministerio para comunicar a las secretarías de salud los registros presuntamente inconsistentes del REPS; si dentro de los sesenta días calendario siguientes ni la entidad territorial ni el prestador realizan los ajustes o formulan objeciones, los servicios se inactivan automáticamente[8]. Es la versión más pura del riesgo que venimos describiendo: una inactivación que no proviene de una sanción ni de una visita, sino de un cruce de información, y que sin embargo produce exactamente el mismo efecto sobre la facturación del período. De ahí la utilidad de consultar periódicamente el estado de los servicios en el REPS, con la misma disciplina con que se concilia una cartera.
Un segundo aspecto de interés directo para las relaciones IPS–EPS es que la nueva norma incorpora expresamente a las entidades responsables de pago en la gestión de los cierres. El aviso previo de dos meses para el cierre temporal de servicios sensibles debe dirigirse tanto a la secretaría de salud como a las entidades responsables de pago con acuerdos de voluntades vigentes; cuando el cierre obedece a incumplimiento de condiciones de habilitación y se trata del único prestador del servicio en el municipio, debe elaborarse con un mes de antelación un plan conjunto de reubicación de pacientes; y en municipios con condiciones especiales la secretaría cuenta con veinte días calendario para coordinar el traslado con las EAPB[9]. Para el prestador, cumplir esos avisos deja de ser una formalidad y se convierte en una prueba de diligencia oponible en cualquier discusión posterior sobre continuidad y responsabilidad.
En sentido inverso, la norma también ofrece herramientas útiles para el prestador. La delimitación del alcance de la verificación permite objetar exigencias que excedan el Manual. La posibilidad de subsanar hallazgos menores dentro de un plazo corto después de la visita evita que un detalle formal derive en la pérdida de la habilitación de un servicio. Y el mecanismo de consulta ante el Ministerio, con respuesta vinculante, puede resolver en semanas discusiones interpretativas que antes solo se zanjaban ante un juez.
La Resolución 1732 ordenar un marco disperso, delimitar el alcance del control, reconocer la diversidad territorial e incorporar la telemedicina son decisiones acertadas y largamente pedidas por el sector. Ahora bien, ¿Es suficiente? No por sí sola. Una norma bien diseñada no compensa un sistema con flujo de recursos insuficiente. Exigir más capacidad técnica, tecnológica y de talento humano a prestadores que llevan años esperando el pago de facturas radicadas no es una contradicción menor: la habilitación se financia, en última instancia, con recursos que hoy están represados en cartera[10]. El riesgo real de implementación no es que las IPS no quieran cumplir; es que algunas no puedan financiar el cumplimiento.
Ahí hay una tarea compartida. Para las IPS, tratar la habilitación como parte del ciclo de ingresos y no como un anexo del área de calidad. Para las EPS y EAPB, aplicar el nuevo estándar con criterio y no como una causal adicional de objeción. Para las entidades territoriales, acompañar además de verificar.
Conclusión
El cambio de fondo de la Resolución 1732 no está en los requisitos, sino en la naturaleza de la habilitación. Bajo el modelo anterior funcionaba como un permiso: se obtenía y se conservaba. Bajo el nuevo modelo funciona como un estado que se sostiene, se declara y se puede perder sin que medie sanción alguna, simplemente porque una fecha pasó y nadie la calendarizó. Esa diferencia es la que llega al flujo de recursos. Una habilitación desactualizada ya no produce, en primer lugar, un problema con la secretaría de salud: produce una factura objetada. Y una factura objetada por razones de habilitación se defiende con documentos que debieron construirse meses antes de que el paciente llegara.
De ahí la conclusión que nos interesa dejar planteada: en los próximos doce meses, el expediente de habilitación de una IPS y su expediente de cartera dejaron de ser dos archivos distintos. Quien mantenga sus autoevaluaciones al día, su REPS conciliado con lo que realmente presta y su decisión de transición documentada, no solo estará cumpliendo una norma técnica. Estará protegiendo su facturación.
Conviene entonces traducir todo lo anterior a fechas concretas, porque son las fechas y no los estándares técnicos las que suelen producir el daño patrimonial. La autoevaluación del cuarto año y las renovaciones anuales tienen vencimientos ciertos, y su omisión inactiva la inscripción o los servicios sin necesidad de acto sancionatorio. El cierre temporal corre por seis meses y se convierte en inactivación si no se reporta la reactivación a tiempo. Los servicios sensibles exigen aviso escrito con dos meses de antelación, dirigido tanto a la secretaría de salud como a las entidades responsables de pago con acuerdos vigentes. La depuración de inconsistencias del REPS concede sesenta días calendario antes de que la inactivación opere de manera automática. Y la revisión de una diferencia interpretativa surgida de una visita debe solicitarse dentro de los cinco días calendario siguientes al informe. Ninguno de esos plazos admite prórroga por buena fe ni se suspende porque la operación asistencial continúe con normalidad.
Realizado por:
Romario Paternina Ricardo
Consultor legal Área De Flujo De Recursos
González Páez Abogados.
[1]Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1732 de 2026, art. 1 (objeto y adopción de los anexos técnicos “Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, Tomo I y Tomo II”, que serán publicados en la página web del Ministerio y forman parte integral de la resolución).
[2]Ibíd., art. 35. La derogatoria de la Resolución 3100 de 2019 y de sus modificatorias —Resoluciones 2215 de 2020, 1317 de 2021, 1138, 1410 y 1719 de 2022, 544 y 648 de 2023 y 465 de 2025— y de la Resolución 77 de 2007, opera una vez vencido el término de transición previsto en el art. 34. La resolución rige desde su expedición y surte efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial.
[3]Ibíd., art. 34. Durante la transición los prestadores pueden continuar cumpliendo la Resolución 3100 de 2019 y sus modificaciones o acogerse de manera anticipada y voluntaria a la totalidad de las disposiciones de la nueva resolución, informando dicha decisión a la secretaría de salud departamental o distrital. El parágrafo extiende la misma opción a quienes radiquen su inscripción durante el período de transición.
[4]Ibíd., art. 2, nums. 2.1 a 2.7. El parágrafo 1 exceptúa los servicios intramurales de establecimientos carcelarios y penitenciarios sujetos a la Ley 1709 de 2014, las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y las unidades de salud del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI); el parágrafo 2 exceptúa a los regímenes especial y de excepción del art. 279 de la Ley 100 de 1993, salvo inscripción voluntaria o cuando pretendan ofertar y contratar servicios en el SGSSS.
[5] Resolución 2284 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, arts. 5 y 6 y Anexo Técnico No. 3 “Manual Único de Devoluciones, Glosas y Respuestas”. Los términos del trámite concuerdan con el art. 57 de la Ley 1438 de 2011.
[6] Resolución 1732 de 2026, arts. 5, 11 y 16.1. Conforme al parágrafo del art. 16, hasta tanto se realice la visita de reactivación y se verifique el cumplimiento de los criterios de habilitación, el servicio “no podrá ser reactivado ni podrá prestarse, so pena de las consecuencias previstas en la normatividad vigente para la prestación de servicios sin las condiciones de habilitación exigidas”.
[7] Ibíd., art. 34, inciso final: “Las visitas de verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación y demás actuaciones de inspección que se realicen durante el período de transición se efectuarán con base en la norma de habilitación por el cual haya optado el prestador”.
[8]Ibíd., art. 26, nums. 26.1 a 26.4. La secretaría de salud dispone de sesenta (60) días calendario para comunicar al prestador y verificar los ajustes; vencido ese plazo sin subsanación ni objeción, “los servicios de salud se inactivarán automáticamente en el REPS”. Las objeciones son resueltas por el Ministerio en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario.
[9]Ibíd., arts. 13, 21 y 30. El art. 21 obliga a elaborar, con un (1) mes de antelación al cierre, un plan de reubicación y prestación conjunto entre la secretaría de salud, el prestador y las entidades responsables de pago cuando se trate del único prestador del servicio en el municipio; el art. 30 fija veinte (20) días calendario para que la secretaría coordine con las EAPB el traslado de pacientes en municipios con condiciones especiales.
[10]Ibíd., considerandos, que invocan los principios de equidad, proporcionalidad, progresividad y no regresividad del derecho a la salud consagrados en la Ley Estatutaria 1751 de 2015.

