El pasado 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, creada por la Sala Plena de la Corte Constitucional para verificar el cumplimiento de las órdenes generales impartidas en esa sentencia, mediante Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, no declara un nuevo incumplimiento, ni fijo el valor de la Unidad de Pago por Capitación; Su importancia radica, más bien, en el orden en que exige adoptar las decisiones sobre la financiación del sistema. En efecto, corresponde primero al Ministerio de Salud y protección Social debe establecer y demostrar cuanto cuesta financiar los servicios y tecnologías a cargo de la UPC, y solo después al Ministerio de Hacienda y Crédito Público respaldar esa necesidad con recursos, sin que la restricción fiscal pueda trasladarse silenciosamente al valor de la prima ni, por esa vía, a las condiciones de acceso de los usuarios. Quedaría abierta, sin embargo, una pregunta que el propio auto no resuelve: si ese mandato puede cumplirse cuando la información con la que se calcula la UPC sigue siendo, según la corte deficiente.
Una providencia preventiva sobre el incumplimiento ya declarado
Para dimensionar el alcance de la providencia conviene precisar, ante todo, el contexto en que se profiere. la Sala Especial actúa en el marco del seguimiento a la ordenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008, relativas a la unificación de los planes de beneficio de los regímenes contributivos y subsidiado, seguimiento que desde 2012 se ha concretado en tres obligaciones a cargo del Ministerio de Salud: mejorar la información con la que se calcula la UPC, demostrar técnicamente su suficiencia y equipara ambos regímenes, como mínimo en un 95%. Respecto de esas obligaciones, el Auto 007 de 2025 concluyo que seguían incumplidas, y el Auto 2049 de 2025 constato la persistencia del incumplimiento y abrió incidente de desacato.
Ahora bien, el Auto 1302 parte de ese estado de cosas, pero no lo revalúa. La Sala advierte expresamente que no efectúa una nueva valoración de cumplimiento ni anticipa la que corresponda sobre el Plan inmediato de Acciones en Salud, y que su propósito es fijar, con carácter preventivo, los parámetros mínimos que deberán observarse en la UPC de 2027, anclados en obligaciones preexistentes del Auto 007 de 2025, a saber, los literales (i) a (iii) del numeral 3.11, el ordinal 3.7.a y el numeral decimo resolutivo. De allí que la parte resolutiva combine reiteraciones (ordinales primero y cuarto) con ordenes nuevas de alcance concreto: observar los parámetros y comunicar a Hacienda la estimación técnica, remitir un informe a as tardar el 15 de enero de 2027 y adoptar las medidas presupuestales necesarias para la disponibilidad u giro de recursos.
La distinción no es meramente formal, toda vez que los parámetros del auto no constituyen una declaración de responsabilidad ni de desacato, si no el estándar contra la cal la Sala medida el acto administrativo que fije la UPC de 2027. Por ello, cualquier lectura que les atribuya efectos sancionatorios inmediatos excede lo efectivamente decidido.
La suficiencia como obligación que debe demostrarse
El núcleo de la providencia se encuentra en los numerales 26, 27 y 37. Allí la Sala sostiene que la función del Ministerio de Salud no puede reducirse a distribuir un monto presupuestal previamente determinado por otra autoridad, y que una restricción fijada de antemano no basta, por su sola, para reconocer una UPC inferior a la técnicamente necesaria. Para ilústralo, recuerda que la UPC de 2025 se actualizo esencialmente con la inflamación causada, sin que pudiera acreditarse que ese valor refleja la evolución real de los costos del sistema.
Este razonamiento encuentra sustento legal claro. El artículo 182 de la Ley 100 de 1993 dispone que la UPC se establezca en función del perfil epidemiológico de la población, de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería; es decir, la ley define la prima por lo que debe financiera y no por lo que se encuentra disponible. A ello se suma articulo 334 de la Constitución Política, que si bien incorpora la sostenibilidad fiscal como criterio orientador, prohíbe invocarlo para menoscabar los derechos fundamentales o negar su protección efectiva, así como la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que reconoce como principios del derecho a la salud tanto la sostenibilidad como la progresividad.
En ese orden de ideas, la Corte no desconoce la sostenibilidad fiscal. Sino que le asigna un lugar dentro de la secuencia de decisiones: al Ministerio de Salud le corresponde determinar y comunicar la necesidad real de financiación, y al de Hacienda, con fundamento en esa determinación, garantizar la disponibilidad de los recursos. Así, si el dinero no alcanza, la diferencia debe quedar visible y explicada, y no disuelta en el valor de la prima. A nuestro juicio, este es el aporte más relevante de la providencia, pues convierte la insuficiencia en un hecho que debe documentarse y asumirse institucionalmente.
Con todo, esa misma lógica impide sobredimensionar el alcance del auto. La Sala no impone una cifra ni ordena reconocer cualquier valor que reclamen los aseguradores, como tampoco declara responsabilidades individuales, de manera que cualquier consecuencia de esa naturaleza dependerá del incidente de desacato en curso y de las valoraciones posteriores.
Rezago, equiparación y población: lo que el cálculo ya no puede omitir
En lo que respecta al regazo acumulado, el Ministerio deberá cuantificar la porción atribuible al valor de la prima, la cual se origina, entre otras causad, en calcular cada vigencia con información histórica que no refleja integralmente las condiciones del año financiando, como sucede con las inclusiones posteriores al periodo de experiencia. Para ello, el análisis deberá considerar, según su incidencia material, variables como las frecuencias de uso, la severidad, la carga de enfermedad, el envejecimiento, el costo de medicamentos y tecnologías, el talento humano, la tasa de cambio y la dispersión territorial.
No obstante, esta exigencia tiene un contrapeso que suele omitirse en las lecturas interesadas de la providencia: el análisis no supone reconocer automáticamente como insuficiencia de la UPC las perdidas reportadas por las EPS, por lo que el Ministerio deberá separar los costos propios del riesgo financiado de aquellos que obedecen a ineficiencias, problemas de gestión, obligaciones históricas o dificultades en el flujo de recursos. La regla opera, entonces, en ambas direcciones. Pues el Estado no puede ocultar un rezago real tras el desorden administrativo de los aseguradores, y estos tampoco pueden presentar su déficit operacional como prueba de una prima insuficiente
Una vez cuantificado, la corrección del rezago podrá adelantarse de forma progresiva y atendiendo las condiciones fiscales. Sin embargo, esa gradualidad no autoriza a fijar la UPC de 2027 por debajo de las necesidades propias de esa vigencia. La distinción resuelta razonable, aunque deja sin plazo ni metodología la corrección de lo acumulado, que es precisamente donde la presión fiscal será mayor.
Por su parte el numeral 22 tiene un valor práctico que no puede pasarse por alto. Los procesos de liquidaciones, retiros, revocatorias, intervenciones y traslados pueden modificar de manera relevante el perfil de riesgo y los costos esperados de una EPS, y cuando estos movimientos sean materialmente relevantes, su efecto no podrá excluirse del cálculo por el solo hecho de no aparecer en las series históricas. Este parámetro resulta determinante para las entidades receptoras de población, respecto de las cuales el cálculo basado en experiencia pasada suele llegar tarde.
En cuanto a la equiparación, la Sala recuerda que el 95 % no fue una creación judicial. si no la meta informada por el propio Ministerio de Hacienda en la sesión técnica del 13 de mayo de 2016, que el Auto 411 de 2016 acogió como parámetro mínimo. De allí se derivan dos consecuencias: la carga de justificar técnicamente cualquier diferencia mayor recae en el Ministerio de Salud, y no resulta admisible retroceder frente al nivel de aproximación alcanzado. Con base en lo establecido en la Resolución 2605 de 2025 para la vigencia 2026, la Sala dispuso que en 2027 la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95 % de la del contributivo. Y preciso en la nota 10 que el porcentaje se predica de la UPC en su integridad, sin excluir los gastos asociados al aseguramiento. La aclaración no es menor, como quiera que aplicarlo sobre la prima pura permitiría cumplir la regla en el papel y conservar la brecha en el valor total reconocido por afiliado.
Lo que el auto no resuelve: la cadena de pagos y el momento del control
Ahora bien, seria un error leer el Auto 1302 como una solución a la crisis de acceso. La Sala presenta las cifras de tutela, quejas y reclamaciones únicamente como elemento de contexto y advierte de manera expresa que no permiten establecer una relación causal entre las barreras de acceso y la suficiencia de la UPC, aunque reconoce que la financiación constituye un ejemplo esencial y transversal del sistema.
Desde la práctica contractual, la advertencia es acertada. Téngase en cuenta que la UPC se reconoce a las EPS y no corresponde a la tarifa que estas pactan con los prestadores, la cual se define en los acuerdos de voluntades regulados por el Decreto 780 de 2016, sustituido en esta materia por el Decreto 441 de 2022, con soporte en la respectiva nota técnica. Ambos niveles desde luego, están conectados: Una prima insuficiente presiona las tarifas, mantiene contratos desactualizados, incrementa la cartera hospitalaria y termina afectando la continuidad asistencial. Pero el incremento de la UPC tampoco llega por sí solo a los prestadores si la gestión del asegurador y la oportunidad de los pagos siguen fallando. De suerte una UPC suficiente es condición necesaria, mas no suficiente para estabilizar la red.
Adicionalmente, el auto presenta un límite de diseño. El informe ordenado en el ordinal tercero vence el 15 de enero de 2027, cuando el acto que fije la UPC ya se habrá expedido, y la verificación que anuncia el numeral 41 será, por definición, posterior; los parámetros son preventivos, pero el control será retrospectivo. A ello se suma que, para la fecha de la providencia, el proyecto de presupuesto de 2027 ya debía encontrarse en trámite legislativo conforme al artículo 346 de la Constitución, circunstancia que reduce el margen de Hacienda para ajustarse a una estimación técnica distinta
Reflexión final
Así las cosas, el Auto 1302 de 2026 representa un avance real hacia la exigibilidad de una financiación técnicamente sustentada. cuya fuerza no radica en la amenaza de sanción, sino en la carga de transparencia que impone. En efecto, Obliga al Ministerio de Salud a declarar cuánto necesita el sistema y por qué, y al de Hacienda a responder a esa cifra y no a una previamente definida. De modo que, si los recursos no alcanzan, la decisión de no cubrir la diferencia deberá quedar expuesta, no escondida en un porcentaje de incremento.
Su límite, sin embargo, es el mismo que la Corte viene señalando desde 2012: sin información confiable no hay suficiencia demostrable. Y sin ella, el control judicial vuelve a reducirse a constatar el incumplimiento. Por ello, el seguimiento de la UPC para el 2027 no debería concentrarse únicamente en el porcentaje de incremento, si no en la metodología anexa al informe, en la cuantificación del rezago y su separación de las pérdidas por gestión, en el tratamiento de los movimientos de población y en la aplicación del 95 % sobre la UPC integral. EPS e IPS harían bien en preparar desde ahora la información que sustente sus costos, toda vez que el auto traslada la discusión del terreno de la reclamación al de la prueba técnica.
Referencias bibliográficas:
Corte constitucional, Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008- Auto 1302 de 2026. MP. Carlos Camargo Assis. 22 de septiembre de 2026. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2026/A1302-26.htm
Elaborado por:
ANDREA ROMERO MERLANO
Coordinadora del área de flujo de recursos – González Páez Abogados
